Familiares reclaman por el dolo de las autoridades mexicanas de no auxiliar a las víctimas, una vez se incendió la celda. En el país, expertos señalan las condiciones en que están miles de presos.
Ayer, fue sepultada la mayoría de los siete migrantes salvadoreños que murieron en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, México, en la frontera con Estados Unidos. Para expertos esta tragedia es un crimen de Estado que responde a una política antihumana aplicada a personas migrantes que, según ellos, se asemeja a las medidas que está ejecutando el gobierno de Nayib Bukele en los centros penitenciarios.
Las víctimas mortales fueron sepultadas en San Julián, Sonsonate, y en dos pueblos de Chalatenango, al norte del país.
Entre los migrantes muertos están agricultores, motoristas de microbuses y un joven exmilitar.
Familiares y amigos reclamaron justicia, ya que consideran que hubo dolo de parte de las autoridades mexicanas al no permitirles la salida de la celda, una vez inicio el incendio. Al final, murieron 40 migrantes.
Coincidencias
Ante esta tragedia, defensores de derechos humanos subrayan que las acciones implementadas en las cárceles de El Salvador también pueden ser calificadas como crímenes de Estado. Advierten que debido al hacinamiento carcelario existente en el país, en cualquier momento podría suceder un incidente similar al ocurrido en México.
La poca información de carácter oficial de lo ocurrido en México, que se ha conocido hasta el momento, ha sido en voz de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería salvadoreña, Cindy Portal, quien informó sobre la repatriación de los cuerpos de las víctimas que eran todos del sexo masculino y cuyas edades oscilaban entre 35 y 40 años.
La funcionaria dijo este domingo en rueda de prensa que no divulgarían los nombres de las víctimas por respeto a sus familias. Eso sí, Portal exigió que los culpables de estas muertes puedan pagar con cárcel. Esto debido a que, según la funcionaria, ha habido “graves violaciones a los derechos fundamentales” de las personas migrantes que murieron en el incendio.
Ante esto, la defensora de derechos humanos, Celia Medrano, dijo a El Diario de Hoy que efectivamente lo sucedido en Ciudad Juárez puede plantearse como un crimen de Estado y que el reclamo del gobierno salvadoreño para con México tiene fundamento.
El problema, de acuerdo a la experta, es que el gobierno de El Salvador “no predica con el ejemplo en su propia casa”. Su argumento ante esta opinión es que la administración Bukele “aplica medidas antihumanas en las cárceles salvadoreñas que también califican como crímenes de Estado”.
Seguido de eso, ella recordó que el país mantiene por más de un año suspensión de garantías constitucionales mediante “la militarización de la sociedad”, lo que se ha convertido en una causa más de migración forzada para miles de salvadoreños que huyen a otros países, entre ellos a México.
En datos, la experta destacó que tan solo en el 2022 la República mexicana recibió 7,803 solicitudes de asilo interpuestas por migrantes salvadoreños y durante el primer trimestre del 2023, son 1,716 salvadoreños los que han solicitado asilo en ese país.
Por otra parte, Medrano recalcó que el hacinamiento carcelario en El Salvador, que ahora es el mayor del mundo, mantiene en condiciones inhumanas a miles de salvadoreños.
Esto para la especialista, es “una una bomba de tiempo que en cualquier momento expone a que suceda un incidente similar al ocurrido en Ciudad Juárez”.
Finalmente, ella manifestó que los salvadoreños y los demás migrantes que murieron en Ciudad Juárez buscaban condiciones de seguridad y dignidad que se les niegan en sus países de origen, contrario a lo que diga la propaganda oficial de El Salvador como país expulsor.
Por su parte, el representante de la Organización “Los siempre Sospechosos de Todo”, Otto Flores, expresó que el gobierno debería pedir una investigación para conocer si hubo responsabilidad penal por parte de las autoridades mexicanas.