Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense reitera condiciones a El Salvador, Guatemala y Honduras.
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de presupuesto del año fiscal 2023 en el cual condiciona el desembolso de más de la mitad de los fondos que se designen a El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las condiciones son puestas para más de la mitad de los fondos “Fondo de Apoyo Económico” (título III) y de la “Asistencia Internacional en Seguridad” (título IV) de la ley para los gobiernos centrales de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Además, si hay una asignación para estos países deberá ser notificada a los comités de apropiaciones del Congreso.
“Ninguno de los fondos asignados bajo los títulos III y IV de esta ley podrá ser comprometido o gastado para asistencia de Afganistán, Bahrain, Burma, Cambodia, Colombia, Cuba, Egipto, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Haití, Honduras, Irán, Iraq, Líbano, México, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Rusia, Ruanda, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Siria, Venezuela, Yemen y Zimbawe excepto la proveída a través de una notificación a los comités de apropiaciones”.
La ayuda asignada a Centroamérica fue aprobada dentro del presupuesto de América Latina y el Caribe.
La sección 7045 sobre Centroamérica indica que fondos bajo título III y IV (asistencia económica bilateral y asistencia internacional en seguridad) estarán disponibles para El Salvador, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, incluso para combatir las causas raíces de la migración y programas contra la violencia, la pobreza, la corrupción y otros factores que contribuyan a combatir la migración irregular, particularmente menores no acompañados hacia los Estados Unidos, reducción de la violencia contra las mujeres y las niñas, protección de los derechos de las personas indígenas, apoyo a la sociedad civil e instituciones indpendientes, mejorar la oportunidad económica equitativa, combatir la corrupción y la impunidad y desmantelar los grupos ilegales armados y las organizaciones de narcotráfico.
¿Cuáles son los requisitos para que El Salvador reciba la ayuda?
Sin embargo, el 60 por ciento de los fondos solo podrán ser desembolsados después de que el secretario de Estado certifique e informe a los comités de asignaciones del Congreso que el gobierno de El Salvador está:
1. Combatiendo la corrupción y la impunidad, incluyendo la investigación y la persecución de oficiales de gobierno, personal militar y policías presuntamente corruptos.
2. Implementando reformas, políticas y programas para fortalecer el Estado de Derecho, incluyendo el incremento de la transparencia de las instituciones públicas, el fortalecimiento de la independencia de las instituciones judiciales y electorales, y la mejora de la transparencia en el financiamiento de la campaña política y de los partidos políticos.
3. Protegiendo los derechos de los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, grupos de la sociedad civil, partidos políticos y la independencia de los medios de comunicación.
4. Proporcionando seguridad y aplicación de la ley efectiva y responsable para sus ciudadanos, reducir el papel del ejército en la seguridad pública y defender el debido proceso legal.
5. Implementando efectivamente programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas.
6. Implementando políticas para reducir la pobreza y promover el crecimiento económico equitativo y las oportunidades, incluida la implementación de reformas para fortalecer los sistemas educativos, los programas de capacitación vocacional y los programas para jóvenes en riesgo.
7. Mejorar la seguridad fronteriza y combatir el contrabando y la trata de personas y contrarrestar las actividades de bandas criminales, traficantes de drogas y organizaciones criminales transnacionales.
8. Informando a sus ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera sur de los Estados Unidos.
9. Implementando políticas que mejoren el clima de inversión extranjera, incluyendo la ejecución de la reforma fiscal de manera transparente, garantizando mecanismos legales efectivos para el reembolso de impuestos adeudados a empresas de los Estados Unidos y resolver disputas relacionadas con la confiscación de bienes inmuebles de entidades de los Estados Unidos.
Además, si el secretario de Estado de los Estados Unidos no está habilitado para hacer la certificación para uno o más de los gobiernos centrales, dicha asistencia se reprogramará a la asistencia para organizaciones de la sociedad civil en cada país u otros de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, no aplicarán estas condiciones a fondos asignados a entidades de Gobierno o actividades que el secretario de Estado o el administrador de la USAID determine que es un compromiso para el combate a la corrupción y la impunidad, para los programas de combate a la violencia de género, para los programas que promueven o protegen los derechos humanos, incluyendo las comunidades indígenas y afrodescendientes, para asistencia humanitaria y para programas de seguridad alimentaria.
Fuera de programa militar
La ley excluye a El Salvador, Guatemala y Honduras de los fondos asignados para el “Programa de Financiamiento militar extranjero”.
También, la ley aprobada indica que los fondos para el “Control internacional de narcóticos y aplicación de la ley” y “Entrenamiento y educación militar internacional” están condicionados.
Dichos fondos no serán asignados a El Salvador, Guatemala y Honduras si el secretario de Estado tiene información creíble de que dicha unidad ha utilizado la asistencia proporcionada por los EE.UU. contra personal de los EE.UU. o en violación de un acuerdo de uso final o en contra de la política de seguridad nacional de los EE.UU.
Sin embargo, de estos fondos, $10 millones deben destinarse a disponer de tecnología forense contra el tráfico de personas en Centroamérica y México.
Mínimos disponibles
De los fondos destinados a Centroamérica la ley aprobada en el Comité de Apropiaciones establece mínimos:
- No menos de $65 millones deberán destinarse a apoyar entidades y actividades para combatir la corrupción y la impunidad en los países, incluyendo oficinas de fiscalías generales.
- No menos de $75 millones deberán destinarse a reducir la violencia contra la mujer y las niñas. Arriba de $20 millones deberán destinarse a apoyar proyectos bilaterales con los gobiernos de los países para fortalecer la capacidad de proteger a las mujeres y niños de la violencia doméstica, asalto sexual, tráfico y abuso o negligencia contra la niñez, incluso responsabilizando a los perpetradores.
- Dentro de los fondos disponibles para asistir a El Salvador, Guatemala y Honduras, no menos de $100 millones deben ser destinadas a programas de desarrollo liderado localmente en los países.
- Los fondos deben estar disponibles para programas de empoderamiento de jóvenes en Centroamérica.