Con el 27 aniversario del atentado a la embajada de Israel se cumple la misma cantidad de años del inicio de la causa judicial. El expediente está a cargo, desde el comienzo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tener la competencia originaria en temas diplomáticos y la última novedad de trascendencia que tuvo fue en 2015 cuando ordenó la detención internacional de un acusado.
Se trata de Husein Mohamad Ibrahim Suleiman, miembro de la organización terrorista responsable del atentado.
El atentado ocurrió el 17 de marzo de 1992 en la sede de la embajada de Israel en Argentina. Dejó 22 muertos y más de 350 heridos.
En diciembre de 1999, la Corte Suprema dio por probado que el atentado se produjo por la explosión de una camioneta Ford F 100 que contenía pentrita y trinitrotolueno, dos tipos de explosivos químicos, y que se subió a la vereda de la calle Arroyo 916, donde estaba la embajada. Varias partes del motor fueron encontradas y sometidas a peritajes que permitieron saber el número del motor e individualizar el vehículo.
El máximo tribunal también concluyó que el responsable del atentado fue el grupo terrorista “Yihad Islámica” que es el brazo armado del Hizbalá un partido político fundado en el Líbano.
La propia Yihad se atribuyó el atentado y la embajada argentina en el Líbano aportó información y declaraciones sobre su participación en el atentado. La Corte ordenó la captura internacional de Imad Mughniyah, responsable al momento del atentado de la Yihad Islámica y encargado de la seguridad central y exterior del Hizbalá. Pero luego la orden de detención se levantó cuando se comprobó que había fallecido en un atentado en Siria.
Luego surgió el nombre de Samuel Salman El Reda Reda y de su hermano José Salman El Reda Reda. Este último registraba un antecedente de la justicia de Rosario porque en 1992 había sido procesado y detenido por tener dólares falsos en su poder que estarían vinculados a la financiación del terrorismo. La Corte también ordenó la detención de José Salman El Reda Reda. Pero ese pedido también se retiró.
En 2001, con información de inteligencia de otros países apareció en la causa el nombre de Husein Mohamad Ibrahim Suleiman, miembro de Hizbalá y que a comienzos de 1992 recibió en Brasil explosivos que ingresó a la Argentina escondidos en cajas de alimentos cuando viajaba en un micro y que fueron los utilizados en el atentado.
La Corte buscó corroborar la información con organismos internacionales y recién en septiembre de 2015 logró reunir toda la documentación. Un mes después ordenó la captura internacional de Suleiman.
Ambos pedidos de detención están a cargo de Interpol y no se concretaron. Sin eso no se indagar, procesar y juzgar a los acusados. Es la misma situación que ocurre con los iraníes acusados del atentado a la AMIA: sus detenciones están ordenadas pero Irán no los apresaba.
Desde entonces están vigentes las ordenes de detención y una investigación abierta sobre Yafar Saadat Ahmad Nia, un diplomático iraní sospechado de dar apoyo logístico en atentados. Ahmad Nia fue agregado civil de la embajada de Irán en Brasil y que estuvo en Argentina entre el 16 y el 18 de marzo de 1992 en Buenos Aires. Todos esos datos fueron aportados por información de inteligencia que no pudo ser corroborado por organismos internacionales para avanzar sobre su responsabilidad.
La causa que tiene la Corte cuenta con familiares de víctimas del atentado que actúan como querellantes y que son representados por los abogados Rita Jana e Ignacio Irurzun. Quien encabeza esa querella era Carlos Susevich, padre de Liliana, una de las personas que murió en el atentado. Susevich falleció en noviembre del año pasado. Ahora la querella deberá nombrar en la causa una persona que encabece el expediente.
Fuente: Infobae